El próximo día 27 de mayo se celebran en España las elecciones municipales, es decir que renovamos los cargos de los ayuntamientos o corporaciones locales. Reflexionando un poco más allá de la actualidad, se me ocurren diversos apuntes que hacer.
Para empezar, es evidente que la política local siempre ha tenido una dinámica particular con respecto a la de carácter estatal. La difusión que se hace de las actuaciones realizadas en este último ámbito es muchísimo más amplia y el conocimiento es mucho mayor por parte de la sociedad. Dejando al margen los elementos más concienciados y activos políticamente hablando, la mayoría de la población adquiere unas filias y fobias a partir de las opiniones vertidas en los medios de comunicación y de propaganda. Es a partir de éstos que se suele decidir el voto.
En cambio, las motivaciones a la hora de votar en unas elecciones municipales son más complejas. Habría que discernir seguramente entre núcleos de mayor o menor población para identificar los comportamientos y preocupaciones. Por su propia naturaleza, el pueblo pequeño vota a menudo en función de simpatías personales o intereses particulares muy directos. Es decir, se vota al familiar o vecino con el que se tiene buena relación, o bien a aquél que me promete algo que me beneficia económicamente (por no hablar directamente de actividades directamente caciquiles). En este sentido, la ideología a menudo pasa a un segundo plano, cosa que se certifica con la observación de numerosos pactos contra natura entre ideologías de izquierdas y extrema derecha, etc.
Las poblaciones medianas, ya de ámbito urbano, son seguramente las que muestran mayor desinformación sobre lo que ocurre en su ayuntamiento. Los medios de comunicación locales son limitados y el boca a boca o cuchicheo es, a diferencia del pueblo pequeño, insuficiente. Únicamente aquellas personas más allegadas a ámbitos de poder tienen un cierto conocimiento y el resto reparten su voto, o bien en relación a lo que ocurre en política nacional - con lo cual la ideología adquiere un mayor peso - o bien por la observación más directa de las obras practicadas en el barrio o de las fiestas populares organizadas por el alcalde/partido de turno.
Finalmente, la gran ciudad ya atiende a parámetros mucho más identificables con la política estatal. Ésto es así, en cierto modo, porque la política estatal suele estar supeditada a los intereses de las grandes ciudades, donde se encuentran el grueso de los votantes y los sectores de mayor peso económico.
Estas coordenadas han sido muy similares en España durante toda la historia liberal y democrática española. Durante el régimen de la Restauración (1875-1930), ejemplo de una política electoral censitaria - es decir, en el que no puede votar todo el mundo, sino una cierta porción de la sociedad con un mínimo poder adquisitivo y de género masculino -, el peso del mundo rural era enorme. De este modo, el caciquismo y los intereses inmediatos primaban sobre cualquier opción política. Lo único realmente importante era la perpetuación de ciertas oligarquías económicas y políticas que se turnaban en el poder.
Sin embargo, esta dinámica se fue resquebrajando poco a poco, llegando a la máxima descomposición durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Ante esta desintegración del andamiaje de la Restauración, llegamos a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, primeras elecciones tras la dictadura. Éste sería el capítulo más "glorioso" escrito por unas elecciones municipales durante toda la historia española, ya que la victoria de las fuerzas republicanas en las mismas determinó un cambio de régimen a nivel estatal. De este modo, el 14 de abril de 1931 se instauraba el régimen democrático de la II República, que incluiría en su Constitución el sufragio universal - incluido el voto femenino, por primera vez en la historia de España.
Desgraciadamente, el levantamiento militar del 36 y la posterior dictadura franquista interrumpirían la historia de los comicios municipales hasta la Transición democrática que se inicia con la muerte del general Franco. En esta ocasión, los sectores aperturistas herederos del franquismo que comandaron el proceso democratizador, demostrar aprender la lección de la II República y evitaron conscientemente que las primeras elecciones fueran de carácter local. Habían comprendido que la dinámica municipal es mucho menos predecible y controlable, por lo que se inició el proceso con las elecciones estatales de 1977. Éstas fueron denunciadas por sectores de la izquierda por no ser plenamente democráticas - fallos en el censo, establecimiento del derecho a voto a partir de los 21 años, derecho del rey para nombrar a dedo un determinado número de senadores, etc. -, pero eso ya es otra cuestión.
A falta de pocos días para una nueva cita en las urnas veremos qué sorpresas nos deparan esta vez los ciudadanos. Eso sí, dudo mucho que dentro de una semana estemos proclamando la III República.